Consideró que deben identificarse correctamente los factores ambientales, sociales y demográficos que contribuyen a explicar las diferencias en la transmisión de dengue en Veracruz, y definir las áreas de riesgo para promover un mejor control del problema.

“Es de reconocerse que el sector del transporte público se ha visto perjudicado por el confinamiento social en este periodo, pero de ninguna manera puede dar lugar a que se violen las leyes de la materia y mucho menos a que se corra el riesgo de mayores contagios de Covid-19”, puntualizó.

Si bien es cierto que la exposición a situaciones de violencia de este grupo social, continuó la diputada Martínez Rivera, ha aumentado con la pandemia del Covid-19, “también es cierto que ya estaba presente y en constante incremento en nuestra sociedad antes de que iniciara esta emergencia sanitaria, ya que la evidencia mostraba que el hogar es a menudo el lugar más peligroso para una mujer, sus hijos e hijas”.

El dictamen establece que, a fin de garantizar la protección de los derechos de este sector poblacional, las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos del Estado deberán establecer un enfoque integral, transversal y con las perspectivas de derechos humanos y de la infancia y adolescencia, en el diseño y la instrumentalización de políticas y programas, así como en los códigos de ética de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos del estado y municipios para su aplicación por parte de los servidores públicos.