Finalmente, se destaca que la Renta Básica Universal deberá pagarse a título individual no importado nivel socioeconómico de los solicitantes, consistente en dos Unidades de Medida y Actualización (UMAS), exceptuando cuando ya sean subsidiados por algún otro programa social activo en momentos de la contingencia.

Mediante el oficio signado por el Ejecutivo, propuso a las ciudadanas Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro Castillo, María Lilia Viveros Ramírez y Aileth García Cayetano y al ciudadano Antonio Sobrevilla Castillo, para que ocupen las magistraturas del Poder Judicial.

“Señores ministros de la Suprema Corte, hasta ahora no existe ningún mandato constitucional que obligue a esta legislatura a despenalizar el aborto; sus interpretaciones producto de su activismo judicial, rompen con el sistema de control constitucional y, sobre todo, legitiman argumentos e interpretaciones excesivas de los derechos humanos, producto de una ideología no acorde con nuestra función en sociedad”.

La iniciativa, autoría de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, propone agregar los términos “contingencia sanitaria”, “estado de emergencia” o “casos de fuerza mayor” a la Ley Federal del trabajo, toda vez que la omisión normativa de los mismas, han sido utilizados por patrones para evadir su responsabilidad laboral al suspender la relación con sus empleados, ante el argumento de no estar estipulado en la Ley en comento.

Agregó que como legisladores se busca el bien de Veracruz, a través de coadyuvar en las acciones del Estado para el combate a la violencia, la procuración de justicia y la estrategia de seguridad pública, concluyó.

Las Comisiones Permanentes Unidas de Juventud, Deporte y Atletas con Discapacidad y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, signantes del dictamen, coincidieron con las y los proponentes en que involucrar a las y los jóvenes en el cuidado y preservación del medio ambiente, como contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos en la Agenda 2030.

En este contexto, continuó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las legislaciones procesales al respecto de las entidades federativas, deberán permanecer vigentes mientras no se emita el Código Nacional correspondiente.