Apenas quedó confirmada la victoria de en las elecciones el pasado 8 de noviembre, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, telefoneó a Ildefonso Guajardo, secretario de Economía (SE).
Ambos dialogaron acerca de las implicaciones para México de la victoria del magnate, y antes de que finalizara esa semana Castañón ya se había reunido con Guajardo, además de con la entonces secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu.
Desde la plática telefónica se delineó la estrategia para la defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ampliamente criticado por el presidente electo y que le ha permitido a México elevar su volumen de exportaciones de 12.1% en 1993 a poco más de un 35% del Producto Interno Bruto (PIB).
La preocupación entre empresarios y funcionarios es amplia. Organismos como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advierten que las inversiones hacia México podrían detenerse si Trump cumple cumple sus amenazas al Tratado. El año pasado, la inversión extranjera directa (IED) solo de Estados Unidos alcanzó los 100,000 millones de dólares (mdd), pero esa cifra no se repetirá debido a las cancelaciones de algunos proyectos, como el de la automotriz Ford en San Luis Potosí, y la postergación de otros.
Plan de guerra
Por iniciativa del CCE que comanda Castañón, la IP creó un Consejo Consultivo con hombres de negocios y especialistas en asuntos comerciales, cuya tarea principal es asesorar a las autoridades mexicanas en las negociaciones estratégicas que se tendrán con el país vecino.
Este grupo de expertos está compuesto principalmente por ex funcionarios públicos con amplia experiencia en acuerdos comerciales, como Jaime Serra Puche y Herminio Blanco, ambos ex secretarios de Comercio, además de Jaime Zabludovsky y Luis de la Calle, subsecretarios en distintos momentos de los 90.
Conformar el grupo fue rápido, explica Castañón a Forbes México, pues ya eran parte del equipo que asesoraba a la IP en las negociaciones del Tratado Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP y virtualmente descarrilado por Trump.
La segunda parte de este plan consiste en el establecimiento de un cuarto de datos, donde se concentra la información clave de la relación comercial entre México y Estados Unidos, explica Moisés Kalach, director de Grupo Kaltex. La intención es que lo relevante de estos datos sea conocido por el equipo más cercano a Trump antes de este viernes, cuando el magnate jure como Presidente de Estados Unidos, con el fin de allanar el camino hacia la negociación.
Ayuda desde el exterior
La estrategia del empresariado mexicano se extiende a suelo estadounidense, donde la encabeza Javier Martínez, presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM-USA). Martínez trabaja en un plan de comunicación pública cuyo objetivo es cambiar la percepción de México entre la población y los líderes del país.
La AEM-USA aglutina a 5,535 empresas, que generan de 240,000 empleos en Estados Unidos, y que busca mejorar la imagen de México entre la población estadounidense que apoyó a Trump, así como cabildear entre congresistas, gobernadores y senadores.
Este trabajo es asesorado por el Comité Judío-Americano y financiado por empresas mexicanas con una alta presencia en Estados Unidos. Martínez se puso la meta de acabar con la “pasividad” de los mexicanos en Estados Unidos, quienes a pesar de ser 35 millones, no han logrado tener la incidencia de otras comunidades como la cubana, muy inferior en número pero que ya tuvo dos precandidatos a la presidencia.
¿Trump quiere negociar?
Solo que no hay seguridad de que el gobierno de Trump quiera renegociar el TLCAN. Existe la posibilidad de que el nuevo gobierno no quiera sentarse a la mesa, dice Luis de la Calle, director de De La Calle, Madrazo, Mancera.
También puede ser que Trump sólo coloque sus planes sobre el escritorio, sin darle oportunidad a México de dialogar, advierte Carlos Heredia, académico del CIDE.
Ante ese escenario, es urgente que el presidente Peña Nieto defina cuál es el interés nacional del país en el tema, señala Heredia, e incorpore a los tres poderes de la unión en esa definición, así como a empresarios, trabajadores y gobiernos de los estados.
“Veo bien que se estén armando las estrategias sectoriales, pero si no existe una de estado que involucre a todos, esto no va funcionar”, dice Heredia, quien añade que es tarea del gobierno federal liderar este esfuerzo.
