Es necesario homologar los procesos de atención en el Sistema Nacional de Salud para erradicar la violencia obstétrica y garantizar a las mujeres embarazadas y en labor de parto, calidad, trato humanitario, medicación mínima, consentimiento informado, privacidad, dignidad y confidencialidad.
Así lo señala la diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) en una iniciativa de reformas a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Salud, en la cual refiere que, en todas las esferas sociales, durante el periodo de gestación las mujeres son juzgadas, atemorizadas, humilladas o lastimadas física y psicológicamente en los lugares donde reciben servicios médicos y eso constituye un maltrato que genera secuelas, tanto en la madre, como en el recién nacido.
El documento, enviado a la Comisión de Igualdad de Género para su dictamen, con opinión de la de Salud, precisa que son actos constitutivos de ese tipo de violencia las cesáreas sin consentimiento voluntario, expreso e informado de las mujeres, aun existiendo condiciones para un parto; obligarlas a dar a luz acostadas y/o inmovilizadas; negarles u obstaculizares la posibilidad de cargar y amamantar a su bebé inmediatamente al nacer, y no atender oportuna y eficazmente las emergencias que se presenten.
Refiere que la Secretaría de Salud ha identificado situaciones como prácticas invasivas, suministro de medicación injustificada; o bien, cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades de parto biológico, ante lo cual ha emitido recomendaciones.
Propone definir, de manera precisa y formal, la violencia obstétrica en la fracción VI del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y complementar la de Salud para fortalecer el marco normativo en favor de la mujer.
En la actualidad, la ley contempla diversos tipos de agresión contra las mujeres: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, pero no incluye la que pueden sufrir en el embarazo, parto y puerperio, “una de las etapas más vulnerables de su vida”, y que constituye una violación a los derechos humanos reconocidos también en instrumentos internacionales signados por México.
“Por muchos años, los derechos de las mexicanas, la perspectiva de género y su empoderamiento no fueron una prioridad social, lo que provocó que fueran discriminadas, víctimas de abuso y quedaran desprotegidas bajo argumentos tradicionales, culturales y económicos,. Esta propuesta busca dar un paso adelante en la erradicación de la violencia hacia las mujeres”.
Propone definirla como toda acción u omisión del personal de los servicios de salud, públicos o privados, del Sistema Nacional de Salud, que violenten la igualdad jurídica de las mujeres, su dignidad humana, su libertad; que la discriminen, la denigren o la dañen física o psicológicamente; o que se realicen prácticas que limiten, vulneren o nieguen su capacidad de decisión sobre las acciones a seguir, que no sean urgencias, durante el embarazo, parto, post-parto y puerperio.
Además, plantea llevar a cabo estrategias de sensibilización y capacitación del personal de salud para que la atención del parto sea libre de violencia y se promueva el ejercicio de los derechos de las mujeres.
La propuesta de reformas a los artículos 61, 62, 64 y 65 de la Ley General de Salud busca incluir el trato libre de violencia en la atención materno-infantil, y promover la organización de comités y actividades que prevengan, inhiban y erradiquen la violencia obstétrica.
