Por: Ing. Fernando Padilla Farfán
Cuando de aborto se habla, todo el mundo opina. Claro, la mayoría son voces poco documentadas que solo pretenden polarizar uno de los temas más sentidos y controversiales del momento. Y nunca faltan los oportunistas (o las oportunistas) que para su provecho no desperdician la oportunidad para ganar espacios en los medios de comunicación.
En cualquier lugar de México que se ha tocado este tema, las pasiones se despiertan al extremo de llegar a actitudes violentas e intimidantes, tal como ocurrió en la capital del País hace algunos años. En aquella ocasión, varios diputados a la Asamblea del Distrito Federal, que apoyaban la iniciativa para la despenalización del aborto, fueron amenazados de muerte. Grupos opositores a la despenalización les hicieron llegar mensajes intimidantes a fin que desistieran de sus pretensiones, con la promesa de asesinarlos si no lo hacían.
Los opositores, algunos sectores de la población de ideas ultra conservadoras, comparten criterios con el sector radical de la iglesia en cuanto a calificar a la mujer que aborta como si fuera peligrosa criminal. Pero no para ahí el asunto, la parte clerical dice que aquellos que participen en la consumación exitosa del aborto serán merecedores de excomunión. Se ve claramente que para los que están de ese lado, no hay ni exclusiones ni excepciones, las cosas las llevan al extremo.
Pero una de las preguntas que inmediatamente surgen es: Si una turbamulta viola a una niña de 14 o 15 años, y después de esa brutalidad la mandan a la cárcel por abortar, ¿no resulta algo a todas luces injusto? La severidad de las penas por estar considerado el aborto como delito, y la escasa información y orientación adecuadas y oportunas, ha derivado en una situación en extremo preocupante. La trágica realidad nos demuestra que cada año en México, aproximadamente medio millón de niñas y mujeres recurren a abortos tanto legales como ilegales, de acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Desde hace miles de años, el aborto es una de las formas de cómo las mujeres enfrentan los embarazos no planeados. Violaciones, abandono de la pareja, malformaciones graves en el producto, pobreza extrema y miseria, o que el embarazo ponga en riesgo la salud de la mujer, son, entre otros, los motivos por los que las mujeres deciden abortar. Nadie da cuenta de mujeres que practiquen el aborto por gusto. La mujer que aborta, además de todo, también tiene que enfrentarse a su propia condición de madre -que no es cosa fácil- y luego tiene que afrontar –sola- el entorno familiar y social.
Pero en este mismo contexto hay otra realidad: el aborto no se denuncia porque la sociedad avala su práctica. Familiares, amigos y conocidos guardan un “silencio cómplice”. Son muchas las personas que juegan un papel fundamental en las redes solidarias que ayudan a las mujeres a interrumpir el embarazo. La práctica del aborto muestra una clara separación entre lo que dice la ley y lo que las personas consideran correcto frente a determinadas circunstancias de sus vidas.
Por otro lado, también está comprobado que la prohibición genera el “mercado negro”. Prohibir el aborto lo vuelve clandestino. La penalización del aborto aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres porque nadie controla las condiciones higiénicas del lugar donde se realizan, ni los conocimientos médicos de las personas que lo practican. Por supuesto que los legisladores saben que ninguna ley debe poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Cuando la ley afecta la vida de las personas, como la que prohíbe el aborto, la ley se debe modificar.
Por la información que existe al respecto, se puede deducir que la prohibición no resuelve el problema, al contrario, lo agrava. La clandestinidad conlleva la ausencia de control sanitario que no sólo provoca la muerte de mujeres por abortos mal practicados, también genera que sufran hemorragias, infecciones, perforación del útero, infertilidad secundaria o definitiva y dolor pélvico crónico. Estos son tan solo algunos de los padecimientos de las mujeres que se practican el aborto en la oscura clandestinidad. Aunque el dato no es preciso por la falta de controles en nuestro País, se cree que en la actualidad el 10% de las muertes maternas se deban a complicaciones por aborto.
Por si fuera poco, todo lo que envuelve a la problemática del aborto, hay otra situación que eleva la gravedad del asunto: ni el gobierno, ni la Iglesia católica, ni quienes se oponen a la despenalización del aborto, se responsabilizan de la educación y manutención de los hijos que se obliga a tener a las mujeres que deciden abortar y no se les permite hacerlo. Se castiga a quien aborta, pero nadie se hace responsable de los hijos no planeados.
Obligar a las mujeres a tener hijos no deseados no beneficia a nadie: ni a los hijos, ni a las mujeres, ni a las familias, ni a la sociedad en su conjunto.
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