El Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM presentó una Iniciativa para que las iniciativas de ley o decreto presentadas por las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México ante las Cámaras del Congreso de la Unión sean dictaminadas y discutidas en el Pleno en un plazo máximo de seis meses, debido a que el porcentaje de iniciativas de ese tipo que no son dictaminadas es alto.
Para tal efecto, las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes pusieron a consideración de esta Soberanía la Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo quinto al Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Señalan que, durante las últimas cinco legislaturas, es decir, de septiembre de 2006 a la fecha, los congresos de las entidades federativas han presentado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 573 iniciativas de ley o decreto, con la intención de que se diera origen al proceso legislativo para realizar modificaciones a los ordenamientos jurídicos de la competencia exclusiva del Poder Legislativo Federal o, en su caso, del Poder Revisor Constitucional. Sin embargo, del total mencionado, 389 iniciativas no fueron dictaminadas en las Legislaturas LX, LXI, LXII y LXIII y 85, presentadas en la actual LXIV Legislatura, tampoco han sido dictaminadas hasta el momento, para un total de 476 iniciativas, cantidad que representa el 83.07 por ciento del total.
Además, en las relativamente escasas ocasiones en que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados sí han elaborado dictámenes sobre las iniciativas presentadas por los congresos locales en el período de referencia, la inmensa mayoría, el 76.28 por ciento, es en sentido negativo, es decir, se resuelven, por causas diversas, como improcedentes. En las legislaturas LX, LXI, LXII, LXIII y en la actual LXIV se han dictaminado negativamente 74 iniciativas, cifra equivalente apenas al 12.91 por ciento del gran total presentado en el lapso mencionado.
Por cuanto hace a los dictámenes en sentido positivo respecto de las iniciativas presentadas por los poderes legislativos de los estados de la República y por el del antes Distrito Federal y hoy Ciudad de México, advierten las y los proponentes, sólo se han elaborado 23 en las últimas cinco legislaturas, pero en 20 casos se trata de dictámenes
que se corresponden con diversas iniciativas, es decir, que no sólo se refieren a las presentadas por los congresos de las entidades federativas, sino que, generalmente, por abordar temas semejantes, se incluyeron éstas pero sobre la base de proyectos sometidos a la consideración de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo o legisladores federales.
Detallan que, de un total de 573 iniciativas, en sólo tres casos las comisiones de la Cámara Baja del Congreso de la Unión han formulado dictámenes en sentido positivo y que están referidos únicamente a proyectos presentados por las entidades federativas.
En la Cámara de Senadores, sólo en la actual LXIV Legislatura se han presentado 72 iniciativas de ley o decreto por parte de 11 Congresos locales, de las cuales en 69 casos, 95.83 por ciento, aún no han sido dictaminadas. En los restantes tres, dos dictámenes se formularon en sentido negativo y uno en sentido “positivo”, pero sólo para ordenar su archivo, junto con otras iniciativas presentadas para proponer modificaciones a dicho ordenamiento.
Consideran que una norma como la que proponen abonará a reforzar la participación de los congresos locales en el perfeccionamiento del orden jurídico nacional. “Si los órganos depositarios de los poderes legislativos de las entidades federativas procuran acuerdos políticos para aprobar la presentación ante el Congreso de la Unión de sus propuestas de reformas o adiciones al texto constitucional, a las leyes nacionales o únicas, a las generales y a las federales, en correspondencia a ese espíritu democrático y federalista que dio origen a esas iniciativas, se debe establecer la obligatoriedad de su valoración y dictamen”.
Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
