La disciplina y el orden son compromiso de este gobierno y responsabilidad de cada servidor público, manifestó la titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, al comparecer ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de la LXV Legislatura, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva y el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidenta y secretario, respectivamente.
Comenzó subrayando que su compromiso es mejorar los procesos que se desarrollan en todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Durante este año, se mantuvo como línea prioritaria la capacitación oportuna del personal de las distintas áreas del gobierno, incluyendo principalmente las unidades administrativas de los entes públicos y los Órganos Internos de Control (OIC).
Durante su presentación celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, destacó la realización del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. Con esta base, se promovió la realización de 150 capacitaciones a las que asistieron tres mil 134 servidores públicos del Poder Ejecutivo, 53 por ciento mujeres y 47 por ciento hombres.
El temario abordado en dichas jornadas fue: Ética para los servidores públicos, Cultura de la legalidad, Elaboración y actualización de manuales administrativos, Introducción a la administración pública, Sistema Estatal Anticorrupción, Bitácora electrónica de seguimiento a la obra pública, Trabajo en equipo y otros como apoyos a la profesionalización de servidores públicos.
Hizo referencia también a las evaluaciones aplicadas a los OIC, donde el resultado obtenido fue un cumplimiento del 70 por ciento a los Programas Generales de Trabajo 2019.
En un hecho inédito en la administración pública estatal, comentó la funcionaria, la CGE llevó a cabo una evaluación primaria a despachos externos y prestadores de servicios profesionales que realizaron auditorías a los entes fiscalizables para el ejercicio 2018
Asimismo, informó la verificación y seguimiento dado a la Declaración de Situación Patrimonial y de Interés que las y los servidores públicos están obligadas a presentar. En esto, se han recibido y procesado un total de 22 mil 351 declaraciones, de las cuales se generaron 11 mil 306 de inicio, dos mil 445 de conclusión y ocho mil 600 de modificación de situación patrimonial. Junto con esto, se concretaron 43 evoluciones patrimoniales y 135 análisis del Sistema de Declaraciones Patrimoniales de Situación Patrimonial y de Intereses de servidores y exservidores públicos.
Por otra parte, con la finalidad de fortalecer y consolidar el control interno y el Sistema Estatal de Fiscalización, la CGE publicó en agosto de 2019 las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
Precisó que, durante el ejercicio 2018, sólo se llevaron a cabo dos auditorías internas; 48 al Poder Ejecutivo, distribuidas en: 19 auditorías integrales, 27 específicas y dos de obra pública. Se determinó 143 observaciones generales y 178 relevantes, de las que se han solventado 63 generales y 65 relevantes, es decir, 45.5 por ciento y 35.4 por ciento respectivamente.
En cumplimiento al Acuerdo de coordinación, celebrado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Estado de Veracruz, para la coordinación especial en el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se dio seguimiento a 918 incidencias derivadas de la inspección por parte de la Secretaría de la Función Pública al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet); 260 corresponden a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 22 a organismos autónomos y 636 a municipios.
Santoyo Domínguez detalló que, en el ámbito de transparencia, se ha intervenido en 520 sesiones de órganos colegiados, de las cuales 438 fueron de carácter ordinarias y 82 extraordinarias. Asimismo, se han registrado 20 mil 471 operaciones, de acuerdo con su modalidad de contratación, constatando en todo momento la priorización de las empresas veracruzanas, las cuales representan el 92 por ciento del total de empresas asignadas.
En el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2019, se realizaron 458 evaluaciones de tipo financiero y programático presupuestal, de las cuales resultaron 319 inconsistencias y 51 recomendaciones.
Por el mismo sentido, los OIC presentaron los informes de hallazgos en la aplicación del recurso público, reportando un total de 177 inconsistencias.
Para el ejercicio 2019 –prosiguió la funcionaria-, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) programó realizar 29 auditorías a la Cuenta Pública 2018, de las cuales, considerando la 2ª Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior, realizada el pasado 31 de octubre, 19 auditorías han concluido y 10 están en proceso.
En colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), agregó, se programaron 16 auditorías a fondos y programas federalizados, determinando ejecutar ocho auditorías conjuntas y ocho directas.
Respecto de los Comités de Contraloría Ciudadana (CCC) y Comités de Contraloría Social (CCS), se logró integrar 786 CCC, con la participación de seis mil 023 ciudadanos, contabilizándose a la fecha mil 234 comités vigentes y un total de nueve mil 391 ciudadanos que participan activamente, así como 489 CCS, integrados por mil 603 ciudadanos beneficiados.
A fin de evitar la duplicidad de funciones para contribuir a la contención del gasto corriente, comentó la funcionaria, la CGE continúa trabajando en la revisión de estructuras orgánicas, la creación innecesaria de plazas y la asignación arbitraria de sueldos. En esto, se dictaminaron 60 estructuras orgánicas, 37 dependencias y entidades, 21 institutos tecnológicos y dos universidades tecnológicas.
Mercedes Santoyo concluyó su exposición, explicando lo referente a procedimientos administrativos iniciados en contra de exservidores públicos de la Administración Pública 2011-2016.
Aquí refirió que la Dirección Jurídica de la CGE cuenta con antecedentes litigiosos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Tejav), donde esa autoridad emitió en septiembre del año en curso un acuerdo que indica que han causado estado sentencias en contra de dos exfuncionarios y, por tanto, queda firme para todos los efectos legales la inhabilitación para desempeñar empleos o cargos o comisiones por cinco y tres años respectivamente.
