El
diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso del Estado, presentó un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, para que a
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, constituya el Instituto
Veracruzano de Atención a Migrantes.
El
diputado, presidente de la Comisión de Población y Atención a Migrantes,
presentó el Anteproyecto que incluye, dotar al Instituto de la estructura
orgánica necesaria y recursos presupuestales suficientes a efecto de estar en
condiciones de cumplir los fines establecidos en la Ley de Atención a Personas
Migrantes y sus Familias para el estado de Veracruz.
Al
exponer sus consideraciones, recordó que la Legislatura anterior, presentó la
Ley de Atención a Personas Migrantes y sus familias para el estado de Veracruz
el 5 de octubre de 2018 en la Gaceta Oficial del Estado.
La
citada ley, reconoce el derecho de las personas migrantes y sus familias para
acceder a los servicios de salud provistos por los sectores públicos y privados,
e incluso a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo
de atención médica urgente, así como también a acceder a los servicios
educativos provistos en la entidad por los sectores público y privado.
También
considera la creación del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes; sin
embargo en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 no se
consideró una previsión económica expresa, por lo que, el 17 de enero de este
año, el diputado por el distrito XVI de Boca del Río, presentó un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo que señalaba la urgencia de realizar los ajustes
correspondientes; no obstante en los ajustes presupuestales del mes de abril,
tampoco se consideró recurso alguno.
Como
resultado de lo anterior –recordó-, el 13 de junio el Pleno de esta Soberanía
aprobó un Proyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortó a diversas
autoridades estatales y a los Ayuntamientos del Estado a implementar acciones
tendientes a proteger y garantizar los derechos humanos de la población
migrante en su recorrido por el territorio veracruzano.
El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su
análisis y dictamen.
